20
Ene-2020

LEY ECONOMIA DEL CONOCIMIENTO – SUSPENSION DE PROCESOS – ESTADO DE SITUACION

Estimados Socios, Como es de público conocimiento, a fines de diciembre pasado se aprobó, promulgó y reglamentó la Ley 27.541 de “Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública”.

Desde ese momento ADVA entabló contacto con las autoridades competentes del Ministerio de Desarrollo Productivo y quedamos en reunirnos a la brevedad para transmitir la inquietud de nuestra institución y sus miembros sobre el impacto de estas modificaciones, dar a conocer cómo afectan nuestra actividad y buscar en conjunto soluciones acordes que permitan mantener el crecimiento de la industria en nuestro país. Por lo que los mantendremos informados de las novedades.

A continuación compartimos con ustedes los principales impactos que la ley ha tenido para nuestro sector, en particular en cuanto a la modificación del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento y derechos de exportación que corresponden a las exportaciones de servicios.

1. Reducción de los beneficios sobre las contribuciones patronales que gozaba la industria de los servicios basados en conocimiento: En primer lugar, la Ley de Emergencia Pública elevó a alícuota de las contribuciones patronales 19,5% a 20,4% para los sectores de “servicios” y “comercio”. Para el resto de los sectores, la fijó en 18%. Por otro lado, redujo el mínimo no imponible para el cálculo de dichas contribuciones patronales de AR$ 17.509,20 a AR$ 7.003,68 y equiparó en su aplicación a los beneficiarios de la Ley de Economía del Conocimiento (LEC) con el resto de los sectores de la economía.

El anterior mínimo no imponible estaba sujeto a un esquema de aplicación creciente, que recién llegaría al 100% del beneficio en 2022. Sin embargo, para las empresas beneficiarias de la Ley de Economía del Conocimiento (LEC), el 100% de la deducción estaría disponible desde 2020.

La Ley de Emergencia Económica derogó este esquema gradual, eliminando así ese beneficio adicional previsto para los prestadores de servicios basados en el conocimiento. Adicionalmente, la Ley de Emergencia Pública habría generado una laguna legal con relación al beneficio fiscal adicional previsto la LEC, consistente en un bono fiscal de 1,6 veces el antiguo mínimo no imponible (2 veces en el caso de empleados con título de Doctor).

Al derogar el Decreto 814/01, la Ley de Emergencia Pública eliminó la referencia que utiliza la LEC para fijar el monto de dicho bono, sin quedar claro si seguiría aplicando ese mismo valor (AR$ 17.509,20), el nuevo monto de mínimo no imponible establecido por la Ley de Emergencia Pública (AR$ 7.003,68), o ninguno de los dos. Esta ambigüedad no ha sido aún resuelta por las reglamentaciones dictadas hasta la fecha.

Estas alteraciones a los beneficios de la LEC, a su vez, vulneraron el principio de “estabilidad fiscal”, establecido por la misma Ley, que garantizaba a los sujetos alcanzados por dicho régimen que no verían incrementada su carga tributaria total nacional.

2. Modificación de la alícuota máxima de derechos a la exportación con la que puede estar gravadas las exportaciones de servicios. Los derechos de exportación para las ventas externas de servicios habían sido fijados a fines de 2018 en 12%, con un tope de AR$4 por dólar (al tipo de cambio actual de alrededor AR$ 60, este máximo sería de aproximadamente 6,7%). La Ley de Emergencia Pública redujo sustancialmente esa alícuota, fijando un 5% como nuevo tope a los derechos de exportación para las ventas externas de servicios.

En base a ese parámetro, el Decreto 99/2019 de fecha 27 de diciembre de 2019 estableció, hasta el 31 de diciembre de 2021, la alícuota de derecho de exportación para las exportaciones de servicios en 5% y eliminó el tope de AR$4 por cada dólar exportado. Cabe destacar que continúa vigente a la fecha el mínimo no imponible de US$ 600.000.- por lo que solo se pagaran los derechos de exportación fijados por el Decreto 99/2019 a partir de las ventas externas que superen esa cifra.

Por otra parte, en los últimos días y mediante el Decreto 708/2019 y Resoluciones Generales de la AFIP 4652/2019 y 4656/2019 se reglamentaron algunos aspectos operativos vinculados a la operación de la LEC. En líneas generales, las normas citadas establecen el procedimiento, requisitos y documentación necesaria para la inscripción en el Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, creado por la LEC.

La inscripción al mismo es requisito necesario para acceder a los beneficios establecidos por la LEC y deberá realizarse a través del servicio denominado “Régimen de la Promoción de la Economía del Conocimiento – Solicitud de Inscripción/Revalidación anual” disponible en el sitio web de la AFIP (http://www.afip.gob.ar), con la respectiva “Clave Fiscal”. También en el sitio de AFIP, a través del servicio denominado “Administración de Incentivos y Créditos Fiscales”, se podrán imputar o ceder los “bonos fiscales” que emitirá la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Desarrollo Productivo.

Por otro lado, la reglamentación estableció el procedimiento y requisitos para obtener los certificados de e exclusión de los regímenes de retención y/o percepción del impuesto al valor agregado previstos en la LEC.

Aclarado todo esto, que creíamos necesario para llevar tranquilidad a los socios de ADVA, les confirmamos que apenas hayan novedades más detalladas al respecto y/o tengamos una reunión oficial, los mantendremos al tanto como es debido.

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